La noticia no parece sorprender a nadie en el entorno Radical y ni siquiera a los nuevos aliados «autodenominada peronistas» que parecen avalar un presunto hecho de corrupción grave, cometido por el Concejal Santiago Vargas de la UCR, el cual podría encuadrar la figura de: Incompatibilidad con la Función Publica, por su facturación al Estado Provincial siendo Concejal Municipal.

Si de algo está enterada toda persona que quiera ser candidato a Concejal o funcionario publico, es que no puede ejercer doble funciónes o cargos simultaneas en el estado Nacional, Provincial o Municipal, o percibir un sueldo de uno y facturarle a otro. Esto es lo que se demostró en el caso de Vargas, que además de cobrar su jugosa Dieta como Concejal de Tartagal, le facturo al Hospital Público Juan Domingo Perón de esta misma ciudad por el monto de $ 29.244,88 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos) por cada cuatro días de guardias.

El Radical además de poseer el cargo de Concejal Municipal, trabaja en un laboratorio del ambito privado, pero también se desempeña en el sector de laboratorio del hospital publico de Tartagal, facturando la suma de $ por guardia, cómo lo demuestra la factura N° que se conoció hace algunos días. Esta seria la manera en la que Vargas puede costear una vida de lujos, exesos con viajes al exterior, en las playas más caras dónde incluso se manejan divisa Norteamericanas, mientras el resto de los Tartagalenses no llegan a pagar los impuestos de su casa o cubrir la comida de todo mes.

Al conocerse la vinculación de Vargas con el Hospital Publico, se produjo la indignación de muchos jóvenes que esperan su oportunidad de ingresar a trabajar por primera vez en el ambito Público, asegurando que ellos se encuentran desempleados y lo podrían hacer con dedicación exclusiva, siendo más productivos ante la enorme demanda de atención por la falta de profesiones en el nosocomio de nuestra ciudad.

La acumulación de cargos en la administración pública nacional, provincial o municipal genera una situación de incompatibilidad de funciones. Por lo que un funcionario público no podrá desempeñar otro cargo o empleo público remunerado en el ámbito nacional, provincial o municipal.